Terminó la COP26. ¿Cuál es el balance? 

Texto publicado por THP-México en México Social.

A una semana del cierre de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, los resultados de la reunión son vistos y analizados desde puntos de vista muy diferentes. Por un lado, existe optimismo desde ciertos sectores que consideran que los compromisos nos acercarán al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París; por el otro, hay sectores que consideran que los compromisos asumidos no son ni serán suficientes para el tamaño de acciones que se necesitan.

¿Cuáles son esas áreas que resultaron problemáticas durante la Conferencia?

En primer término, es necesario mencionar los problemas de apertura, participación e inclusividad que enfrentó la reunión en Glasgow. Fueron muchas las críticas sobre la forma como se dieron el diálogo y las negociaciones: personas representantes de grupos no gubernamentales y movimiento sociales, particularmente, levantaron la voz al ver las enormes limitaciones que había para participar en las discusiones y aportar de manera significativa a los acuerdos.

El secretariado de la COP26 promocionó el evento como el más inclusivo de la historia, pues se registraron alrededor de 40,000 personas (como referencia, en la COP25 en Madrid, se registraron 22.000 personas).

Ante tal cantidad de personas, era evidente que la autoridad encargada de la organización estaba frente a un reto mayúsculo. En particular, porque siempre se privilegió la realización de una COP 100% presencial, a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Para garantizar la seguridad de quienes asistieron, se lanzó un programa de vacunación dirigido a personas delegadas que estarían participando y que probablemente no hubieran podido acceder a vacunas en sus países de origen. A pesar de ello, la aplicación de vacunas no se dio con la celeridad necesaria, provocando que algunas personas no estuvieran completamente vacunados a tiempo.

La premisa para las negociaciones era que quienes participaran debían estar de forma presencial; hubo posibilidades de seguir algunas negociaciones de forma virtual, pero solo para Escocia. El lugar del evento quedó rebasado, se dificultó mantener los protocolos de sana distancia, y además, resultaba paradójico haber realizado el viaje a Glasgow con todos los gastos que implicaba, pero seguir las negociaciones de forma virtual.

Asad Rehman, miembro de la Coalición COP26 y quien ha asistido a las conversaciones sobre el clima de la ONU durante más de una década, estimó que sólo un tercio del número habitual de participantes que representan al Sur Global asistió, debido a las restricciones de la pandemia, a la falta de alojamiento asequible y la imposibilidad de acceder a la Conferencia. Uno de los resultados más graves de estas limitaciones en la participación de movimiento sociales, es que el lenguaje usado en la declaración final de la Conferencia, es sumamente débil, en lo que respecta a los derechos humanos.

Sobre este punto, el marco de derechos humanos hace exigible a los Estados sus responsabilidades sobre la materia. Y como señalaron diversos grupos y organizaciones, existe una omisión al respecto en los acuerdos finales de la conferencia, pues no se menciona ni respeta el lenguaje internacional, y se suavizan los compromisos, en detrimento de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Uno de los temas en donde esto se vió con mayor claridad es en los mercados de carbono propuestos en la COP26. Los esquemas, como quedaron propuestos, no garantizan reducciones reales de emisiones, ni establecen garantías sólidas de derechos humanos para proteger a las personas que se verán más afectadas. El enfoque en la compensación de carbono por parte de los países ricos presente en el acuerdo ignora la amenaza para los pueblos y comunidades, las cuales corren los mayores riesgos de afectadas por los efectos del cambio climático.

Además, los derechos humanos de los pueblos originarios también se ven afectados por estas medidas, pues los mercados de carbono pueden ser un incentivo para que los países y corporaciones no hagan las reducciones necesarias en las emisiones responsables del calentamiento global. Por ejemplo, la promoción de proyectos de energía verde, como la producción de monocultivos para biocombustibles o las represas hidroeléctricas, históricamente han significado la destrucción ambiental de territorios donde habitan poblaciones indígenas mayoritariamente, y quienes no participan de la definición de estos esquemas de mercado.

Otra de las dimensiones en donde se percibe la falta del marco de derechos humanos, es en la dimensión de educación. En Glasgow se definió el nuevo programa de trabajo de Action for Climate Empowerment (ACE). El programa previo fue acordado en la COP18 en Doha; y para los próximos 10 años se construyó un programa de trabajo que incluyó las seis áreas críticas de ACE: educación, formación, conciencia pública, participación ciudadana, acceso a la información y cooperación internacional.

Sin embargo, el líder de la iniciativa de compromiso climático, Deepayan Basu Ray, dijo a los asistentes que el nuevo programa de trabajo tiene “agujeros enormes” al “eliminar todas las referencias significativas a los derechos humanos”. Además, resaltó que hay detalles sobre el financiamiento, el seguimiento y la presentación de informes sobre el progreso de los países, que limita el seguimiento y evaluación de los compromisos. Es decir, si bien van a existir informes voluntarios sobre ACE, los países no recibieron pautas sobre cómo informar, lo que imposibilita el seguimiento y la comparación entre países.

Así, con un sabor agridulce por los resultados, la COP26 estará en la memoria de muchas personas como una reunión que puso a prueba los esquemas de participación, y en general, la gobernanza internacional en materia climática, y que mantiene retos importantes a ser atendidos en los próximos años por los Estados miembros, pues la atención integral a la crisis climática, sigue siendo un pendiente global.

Marco analítico para el Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género

El Desarrollo Liderado por las Comunidades (DLC) es una ciencia. Varias de nuestras organizaciones miembro han desarrollado metodologías sistemáticas de DLC.

Nuestra última revisión de esas metodologías destaca al menos 14 categorías diferentes de intervención -a través de cuatro fases señaladas en la siguiente tabla- para empoderar a las comunidades a hacerse cargo de su propio desarrollo de manera exitosa y sostenible. Tenemos la intención de desarrollar y utilizar este marco para estudiar, comparar y compartir enfoques y mejores prácticas.

El DLC se distingue principalmente de otros programas comunitarios de la siguiente forma:

Principios y valores: Las intervenciones de DLC incorporan y se apoyan en un conjunto de principios claramente articulados.

Estructura y proceso: El DLC empodera a las comunidades con una secuencia sistemática y probada de pasos a seguir, habilidosamente manejada y medida. Quienes aplican el DLC reconocen que los talleres de capacitación ad hoc pueden ser contraproducentes, generando expectativas sin lograr cambios. El proceso se divide aproximadamente en cuatro fases principales que se muestran en la siguiente tabla:

MentalidadCapacidadImpactoSostenibilidad
GéneroLiderazgoCohesión socialExistencia legal
VisiónGobernanzaPlanificación participativaResiliencia
Fortaleza / confianza / activosHabilidadesResponsabilidad socialGraduación
Movilización socialFormación grupal“Datos para la personas”
Vínculos
  • Fase I – Mentalidad. El DLC comienza transformando la mentalidad tanto de ciudadanos como de representantes gubernamentales de ver a las personas que viven en condiciones de hambre y pobreza como “sujetos / beneficiarios” a “agentes de cambio” y ciudadanos activos y con derechos. Esto incluye:
    • Género: la facilitación de DLC está precedida por un sólido análisis de género. Interviene de manera importante para empoderar la voz y la agencia de mujeres y niñas, al tiempo que transforma actitudes y comportamientos discriminatorios que las han frenado.
    • Visión: En tanto algunos procesos participativos se enfocan en la resolución de problemas, el DLC lo hace en empoderar a las personas y familias para que identifiquen y defiendan una visión de lo que quieren lograr. Los problemas no se acaban y eso puede reforzar una sensación de impotencia, mientras que la identificación de una visión comienza a despertar el espíritu de autosuficiencia de las personas.
    • Fortalezas, confianza y activos: Fomentar la capacidad de las comunidades para evaluar y reconocer sus fortalezas, habilidades y activos como una plataforma para futuros progresos. 
    • Movilización social: Movilizar los esfuerzos voluntarios de todos los ciudadanos para tomar medidas hacia la realización de las prioridades dentro de la visión.
  • Fase II – Capacidad. A medida que las personas comienzan a ganar voz, agencia y confianza en su capacidad de tomar medidas para mejorar sus vidas, deben comenzar a construir la “infraestructura social” necesaria para un progreso social y económico sostenible en todas las áreas de la vida. 
    • Liderazgo: El DLC brinda oportunidades para que todos los ciudadanos den un paso adelante y desarrollen las habilidades del liderazgo transformativo, es decir, “liderazgo con” en lugar de “liderazgo sobre”.
    • Gobernanza: El DLC facilita procesos para mejorar la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones participativa del nivel de gobierno más cercano a la gente, con la intención de garantizar que la comunidad cuente con los recursos necesarios y esté representada en los niveles superiores del gobierno.
    • Habilidades: Al comenzar las personas a emprender acciones organizadas, se convierten en una fuerte demanda de capacitación profesional: en presupuestos, medios de vida, gestión de proyectos, medios legales, derechos humanos, salud y nutrición.
    • Formación de grupos: El DLC facilita a los individuos la formación de grupos, asociaciones, cooperativas, equipos y otras formas de organizaciones comunitarias para la acción colectiva y la incidencia. En muchos casos, estas asociaciones están organizadas “hacia arriba” para lograr un impacto en los niveles más altos de la sociedad.
    • Vínculos: Se apoya a las comunidades en el establecimiento de relaciones con recursos existentes (expertos, organizaciones, financiamiento y servicios públicos) para apoyar sus actividades de desarrollo.
  • Fase III – Impacto. Una vez que las comunidades se organizan, están equipadas para lograr un progreso cuantificable en salud, educación, medios de vida y todos los aspectos de su visión. El proceso DLC incluye:
    • Planificación participativa: Facilita que las comunidades establezcan un proceso regularizado e inclusivo para la planificación multisectorial, estableciendo metas aspiracionales y planificando sus propias soluciones.
    • Cohesión social: El DLC supera las rivalidades y otras divisiones (como partido, religión, etnia o desconfianza en las aldeas vecinas) que impiden progresar.
    • Responsabilidad social: Se apoyan procesos regularizados como foros públicos, en los que el gobierno local puede demostrar transparencia y responsabilidad y los ciudadanos pueden revisar el progreso de los metas.
    • “Datos para las personas”: Ayuda a las comunidades a generar y acceder a datos oportunos y relevantes a nivel local, que informan el establecimiento de prioridades y habilitan el seguimiento del progreso.
  • Fase IV – Sostenibilidad. El DLC está diseñado para restaurar a los ciudadanos el control sobre sus propias vidas y destinos. El proceso incluye acciones específicas para garantizar que este resultado sea sostenible y resiliente ante conmociones políticas, económicas y de otros tipos.
    • Existencia legal: La infraestructura social establecida por el DLC necesita incorporarse legalmente para asegurar que se sostiene más allá de cualquier personalidad o socio externo. Debe integrarse plenamente en el sistema de gobierno local o establecerse como una cooperativa legalmente incorporada, una asociación de desarrollo local u otra estructura controlada democráticamente.
    • Resiliencia: Los desafíos del cambio climático han subrayado el hecho de que la resiliencia frente a una crisis es una característica a nivel de la comunidad. Las comunidades locales deben tener un proceso regularizado de preparación para desastres y reducción de riesgos.
    • Estrategia de graduación / salida: Desde un inicio, el DLC identifica criterios claramente definidos para culminar el proceso de facilitación, comúnmente marcado con una gran celebración del logro de la autosuficiencia sostenible.

Incidencia política para #TransferirElPoder (#ShiftThePower)

El objetivo final del Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades es llevar el desarrollo liderado por las comunidades a todos los lugares donde se necesite. Esto requiere un cambio profundo de sistemas para #TransferirElPoder de los gobiernos centrales a las comunidades locales. Esta parte de nuestro trabajo está guiada por el marco articulado por Kania, Kramer y Senge (2018) en The Water of Systems Change.

Como los autores señalan, muchos grupos se centran solo en el nivel superior; escriben artículos brillantes sobre las políticas, prácticas y flujos de recursos necesarios, pero ignoran los factores sistémicos subyacentes que los originan, comenzando por la falta de un modelo mental compartido.

Nuestro modelo mental es la subsidiariedad -el reconocimiento de que la dignidad humana depende de que mujeres y hombres individuales tengan voz sobre las decisiones que afectan sus vidas- lo que a su vez requiere que se tomen decisiones y que se establezca una rendición de cuentas en un nivel tan cercano a las personas como sea práctico: escuelas primarias y clínicas en la comunidad, universidades y hospitales en el distrito.

Lo siguiente son las Relaciones y conexiones. El cambio en los sistemas es más probable y más sostenible como resultado de una asociación entre la sociedad civil y el gobierno. Nuestro mejor camino hacia #TransferirElPoder es establecer relaciones de confianza y respeto mutuo con los tomadores de decisiones que comparten nuestro modelo mental. Consideramos que las visitas de campo son una excelente estrategia para crear relaciones con los tomadores de decisiones: ver para creer, y cuando los tomadores de decisiones comprensivos escuchan directamente a los líderes comunitarios, así como a otros tomadores de decisiones, pueden convertirse en campeones de la causa.

Dinámicas de poder: nuestro mejor camino aquí es que nuestros campeones dentro del gobierno nos guíen a través de este campo. Por ejemplo, en Malawi, nuestro campeón al interior de un ministerio advirtió que un paso clave sería que el comité de supervisión parlamentaria saliera y se reuniera con la comunidad.

Las políticas que deben cambiar para el Desarrollo Liderado por las Comunidades vienen en cinco formas clave:

  • Descentralización administrativa: trasladar a los proveedores y administradores de servicios públicos clave al nivel de la comunidad.
  • Descentralización política: garantizar que los funcionarios locales sean elegidos, no “elegidos” desde arriba, y que sean directamente responsables ante las comunidades locales.
  • Devolución financiera: garantizar que las comunidades locales puedan controlar una parte justa de los recursos públicos. Una norma emergente para esto es al menos el 20%.
  • Ciudadanía activa: políticas de transparencia, derecho a la información y mecanismos obligatorios de responsabilidad social.
  • Planificación de múltiples partes interesadas: la planificación de la infraestructura local y resiliencia debe tener una duración superior a un ciclo electoral. Los procesos de planificación local deben incluir a todas las partes interesadas: mujeres, jóvenes, el sector privado, académicos locales, minorías étnicas y religiosas, así como funcionarios electos.

Prácticas: En muchos países de bajos ingresos, la brecha entre las políticas en los libros y la práctica real es inmensa y comúnmente refleja las bajas expectativas y la desesperanza frente a la mala gobernanza. Quienes generan incidencia deben analizar el origen de esto para poder abordarlo: ¿es simplemente falta de competencia y habilidades? ¿corrupción? ¿falta de datos oportunos y líneas claras de comunicación? Una vez más, la asociación entre las partes interesadas puede superar actitudes defensivas arraigadas.

Flujos de recursos: Dónde la teoría se enfrenta con la práctica es en el flujos de recursos. ¿Existe transparencia, rendición de cuentas y puntualidad? Hay tantas historias tristes, incluso en países con fuertes políticas de devolución fiscal, en la que recursos llegan a la comunidad solo un mes antes de la fecha límite para que se gasten.
Analizar y luego nadar en el agua del cambio de sistemas solo se puede hacer completamente a nivel local, por lo que los capítulos locales tienen una gran responsabilidad de, primero, encontrar su propia comprensión del modelo mental apropiado para el Desarrollo Liderado por las Comunidades; y luego trabajar juntos contra la corriente con agilidad y resistencia para reestructurar el sistema.

* Versión original, disponible en línea. Traducción de The Hunger Project México.

El quehacer de las organizaciones sociales en México.

Sistematización de experiencias sobre incidencia y cambio.

La sistematización de las acciones que tienden a la incidencia y al cambio social es una acción relevante para las organizaciones de sociedad civil (OSC). Si bien la intención de esas acciones emprendidas desde OSC, grupos y colectivos generalmente tiene la intención de detonar transformaciones, no todas las iniciativas logran su objetivo.

Este texto, coordinado por la Dra. Laura Montes de Oca, juntó las experiencias de 8 organizaciones y colectivos que han buscado transformar su contexto, que facilite el alcance de sus objetivos.

El fin último de este cuaderno es mostrar que existen organizaciones que están trabajando por generar un cambio en favor del bien público; y, con ello, animar a que no se lancen generalizaciones o simplificaciones sobre lo que se hace desde un sector −diverso y complejo− que ha tenido un papel preponderante en el proceso democratizador del país.

La participación ciudadana y comunitaria significativa en la toma de decisiones relativas a su propio desarrollo es una condición necesaria para la democracia y un derecho fundamental de las personas, grupos, pueblos y comunidades. La participación política a través del voto es un medio clave para el ejercicio de ese derecho.

La experiencia de The Hunger Project México.

Como parte de una experiencia cercana a la educación escolar, The Hunger Project México comparte la ejecución y resultados del proyecto Manos y voces a la obra: Participación comunitaria indígena en la gobernanza municipal, financiado por la Unión Europea y ejecutado en Oaxaca y San Luis Potosí.

Esta Escuela buscó desarrollar y fortalecer capacidades de liderazgo comunitario en comunidades rurales e indígenas, y que este proceso de formación informal permita que ciudadanas y ciudadanos transformen sus vinculaciones con sus autoridades locales.

El Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género.

Aquí se comparte una experiencia enfocada en fortalecer los mecanismos de participación en la planeación del desarrollo del país, específicamente los orientados a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. La formulación de un documento que a la postre se convirtió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se dio no bajo la normativa establecida por la Ley de Planeación, reformada en 2018, sino a partir de la construcción de un documento que retomó los planteamientos ideológicos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puedes consultar el PDF de este texto completo.

Pensamiento sistémico para sistemas alimentarios liderados por las comunidades.

John Coonrod, PhD. Vicepresidente Ejecutivo de The Hunger Project y coordinador del Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, 31 de marzo de 2021.

Resumen: La pandemia nos ha demostrado una vez más que nuestro actual y cada vez más centralizado sistema alimentario, no solo no cumple con el requisito básico de garantizar el acceso a alimentos ricos en nutrientes para todos durante todo el año, sino que ha demostrado ser catastróficamente no resiliente a las crisis. En vísperas de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, varios expertos buscan “innovaciones que cambien el juego”, es decir, nuevas soluciones “milagrosas” de arriba abajo. Sin embargo, nosotros sostenemos que lo que falta en el debate sobre los sistemas alimentarios es el pensamiento sistémico. En los últimos 100 años, movimientos sociales pioneros, organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos han demostrado una y otra vez que las soluciones integradas y dirigidas por las comunidades ofrecen una base más resistente, equitativa y nutritiva para los sistemas alimentarios nacionales y mundiales. Exploramos lo que se necesita para fortalecer este enfoque y proporcionamos una lista de 10 recomendaciones para la acción.

Introducción: Pasos recientes en la localización

¿Cómo debería influir la creciente atención política a la localización en la próxima Cumbre sobre Sistemas Alimentarios? Las cuestiones relativas a la localización se han convertido en un tema principal del desarrollo con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU 2015a), que incluyen metas para la toma de decisiones participativa y las comunidades sostenibles. La Agenda de Acción de Addis Abeba comprometió a los donantes aumentar el apoyo a las autoridades locales (ONU 2015b). En el período previo a la consecución de estos objetivos, el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los líderes mundiales que “definieran un camino claro hacia un futuro mejor, un futuro de soluciones integradas a problemas interrelacionados” (Ban 2011) y que “desbloquearan las soluciones locales” (Ban 2015).

Esto coincidió con la aparición o el crecimiento de más de 20 redes, coaliciones y plataformas dedicadas a trasladar el poder a las comunidades locales (MCLD 2016), varias de ellas utilizando el hashtag #ShiftThePower. USAID lanzó Local Works y el Banco Mundial duplicó el tamaño de su cartera de desarrollo dirigido por las comunidades, pasando de un enfoque de “proyecto” a uno de “programa”. El Sistema de las Naciones Unidas identificó la participación comunitaria como un acelerador clave para lograr el ODS de salud, y UNICEF adoptó normas mínimas para la participación comunitaria en todos sus programas.

A medida que la pandemia de COVID-19 golpeaba y que los expertos externos eran retirados de las comunidades, las y los líderes comunitarios dieron un paso adelante para proteger a sus vecinos. (SSIR 2020). A finales de 2020 probablemente había acelerado la transformación del desarrollo en una década.

Este creciente enfoque en la localización tiene enormes implicaciones para los sistemas alimentarios, un campo que es multisectorial y que debería beneficiarse enormemente de un enfoque sistémico que se centra en la producción y el consumo locales.

Aplicación de un marco básico para el pensamiento sistémico

La difunta Donella H. Meadows fue una pionera del pensamiento sistémico. Su manual póstumo, “Thinking in Systems” afirma:

“El hambre, la pobreza, la degradación del medio ambiente, la inestabilidad económica, el desempleo, las enfermedades crónicas, la drogadicción y la guerra, por ejemplo, persisten a pesar de la capacidad de análisis y la capacidad de enfermedades crónicas, mientras que la drogadicción y la guerra, persisten a pesar de la capacidad analítica y la brillantez técnica que se han dedicado a erradicarlas. Nadie crea deliberadamente esos problemas, nadie quiere que persistan, pero persisten de todos modos. Ello se debe a que son problemas intrínsecamente sistémicos: comportamientos indeseables característicos de la estructura del sistema que los produce. Sólo cederán cuando recuperemos nuestra intuición, dejemos de echar la culpa, ver el sistema como la fuente de sus propios problemas y encontrar el valor y la sabiduría para reestructurarlo”. (El énfasis es mío).

Meadows enumera 12 puntos de apoyo para la reestructuración de los sistemas. El más reciente Water of Systems Change (FSG 2018) ofrece un enfoque simplificado, pero similar, con 6 elementos en 3 niveles:

Los escritores suelen hacer recomendaciones a nivel de cambio estructural explícito (políticas, prácticas y presupuestos), que nunca llegan a materializarse debido a los factores humanos subyacentes que conforman, limitan y dan lugar al nivel superior. El punto de partida debe ser el “modelo mental” o paradigma dentro del cual se piensa.

El modelo mental actual: El paradigma predominante para casi todas las actividades sociales y políticas sigue siendo de arriba hacia abajo, con un mando y control centralizado, o deberíamos decir patriarcal. Es una reminiscencia del viejo modelo colonial -extracción de recursos de áreas remotas para servir a las necesidades de quienes estás más cerca del Rey-, traducido en una visión de granjas globales en escala industrial, sirviendo a consumidores urbanos a través de un sistema de comercio global competitivo. (Todas las figuras debajo son del autor).

El aumento de las desigualdades, la destrucción del medio ambiente y la gran vulnerabilidad a las crisis y las perturbaciones son consecuencias de este paradigma.

Los pensadores sistémicos de los años 60 en adelante, como Amory Lovins y Paul Baran, han sido conscientes de este problema con la centralización. El escritor Carl Steiner los resumió de forma concisa:

“Mientras que los sistemas centralizados son más vulnerables a las fluctuaciones, menos capaces de adaptarse a condiciones cambiantes, y a menudo implican una gran inversión de capital tanto en el propio sistema como en su infraestructura de apoyo, los sistemas descentralizados o distribuidos tienden a ser más flexibles, capaces de adaptarse a las condiciones locales, y pueden aprovechar la producción en masa y la modularidad para ser baratos y accesibles”. (Steiner 2013).

Dimensionando correctamente al sistema alimentario: Entender la subsidiariedad

Si “un gigantesco mercado global que alimenta a todo el mundo” no es el paradigma correcto, ¿cuál es?

En primer lugar, debemos reconocer que el paradigma de un sistema alimentario mundial es una ilusión. La ONU informa que entre el 70-80% de los alimentos del mundo proceden de agricultoras y agricultores familiares, de 500 millones de pequeños agricultores (SOFA, 2014).

Además, y quizás de forma contraintuitiva, las y los agricultores de alimentos son la mayoría de las personas desnutridas del mundo (IFPRI, 2004). Así que, sea cual sea el sistema alimentario actual, no está funcionando para quienes padecen hambre en el mundo y para quienes luchan por alimentarles.

Veamos el ejemplo de las protestas de las y los agricultores de la India, por los cambios propuestos para cambiar las políticas agrícolas del país en una dirección que consideran que favorece el modelo industrial. La India no está sola en esta situación: muchos países de bajos ingresos siguen con un modelo neocolonial de agricultura que favorece a los consumidores urbanos que tienen el poder político y el mercado de exportación.

Por la autoridad competente en su nivel más pequeño, más bajo o menos centralizado. Las decisiones políticas deben tomarse a nivel local, si es posible, y no por una autoridad central. En la doctrina social católica ésta es la única manera de estructurar la sociedad de forma coherente con la dignidad humana, ya que maximiza la capacidad de acción de cada persona (Pío XI, 1931).

Equidad alimentaria doméstica

La dimensión de género: El sistema alimentario del hogar para un agricultor rural que enfrenta una situación de pobreza que la mayoría son mujeres, es la distancia que puede recorrer con un bebé cargando en la espalda. Dentro de esa distancia, puede que no haya mercados con ofertas diversificadas, ni maquinaria para el procesamiento de alimentos, instalaciones de almacenamiento, servicios financieros o clínicas de salud que ofrezcan educación nutricional. Estos fallos de gobernanza y mercado se ven agravados por estructuras sociales patriarcales que limitan su movilidad y le niegan la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su vida.

Centrarse en la comunidad: A pesar del dicho “se necesita una aldea”, nos encontramos con que la mayoría de los pueblos tradicionales son demasiado pequeños – quizás 100 hogares- para gestionar los servicios públicos o interactuar eficazmente con la administración del distrito.

La experiencia ha demostrado que “se necesita un grupo” de aldeas, como los panchayats de la India o los epicentros de África facilitados por The Hunger Project (THP, 2019), que se encuentran en un radio de 10 km, que es viable recorrerlos a pie, con una población de 5.000 o más, para gestionar los servicios públicos.

Los panchayats indios, por ejemplo, se han basado en este principio durante miles de años. En las comunidades en pobreza suele haber una brecha entre las comunidades y el nivel inferior de la administración pública, normalmente el distrito, lo que hace que la gente no pueda ejercer influencia (UNSCN 2019).

El capital humano y la reducción de la brecha de la dinámica del poder hacia el distrito

Los países con altos niveles de hambre persistente son también los que tienen un financiamiento insuficiente (o una o la ausencia total de servicios públicos en los subdistritos). Donde hay un gobierno de subdistrito fuerte como en el estado indio de Kerala o en muchos condados de Kenia, esas comunidades son capaces de generar sistemas alimentarios muy creativos y eficaces.

  • Equipos comunitarios de procesamiento de alimentos, como molinos de grano, que reducen drásticamente el trabajo pesado.
  • Bancos de alimentos comunitarios donde las y los agricultores pueden almacenar cultivos básicos después de la cosecha cuando los precios son bajos, y venderlos cuando los precios son más altos, así como hacer frente a la escasez anual justo antes de la cosecha, reduciendo así el endeudamiento.
  • Préstamos para insumos agrícolas, cooperativas u otros acuerdos de mercado que ayuden a eliminar la explotación por parte de los intermediarios y un mayor endeudamiento.
  • Demanda colectiva de recursos del distrito. Cuando las comunidades están bien organizadas, pueden exigir y aprovechar los escasos recursos humanos del distrito, como los servicios de extensión agrícola, los servicios veterinarios, etc., que a menudo son captados por las explotaciones más grandes e influyentes.

Un sistema alimentario liderado por las comunidades que sea exitoso debe abordar 12 de los ODS, en particular para las mujeres, ya que son ellas las que tienen la responsabilidad tradicional de producir, procesar y preparar los alimentos.

ODS 1: Fin de la pobreza. Las y los agricultores deben obtener suficientes ingresos en efectivo para las necesidades que no pueden satisfacer por sí mismos, y contar con servicios financieros locales para comprar insumos y proteger sus ahorros.

ODS 2: Hambre cero. La comunidad debe ser capaz de producir, procesar y almacenar alimentos nutritivos, durante todo el año a precios asequibles.

ODS 3: Salud. Una buena nutrición materna, especialmente en el periodo de 1,000 días desde la concepción hasta el segundo cumpleaños de su hijo, requiere algo más que alimentos; requiere el acceso a la atención sanitaria prenatal y postnatal (Lancet ,2008). Los centros de salud comunitarios son también la fuente clave de la educación nutricional, creando una demanda de alimentos nutritivos y superando los tabúes alimentarios perjudiciales.

ODS 4: Educación. La y los agricultores necesitan un flujo continuo de información sobre las últimas prácticas y técnicas optimizadas para la adaptación al cambio climático.

ODS 5: Igualdad de género. Como se describe en detalle en la siguiente sección, la discriminación arraigada hacia las mujeres es un enorme obstáculo tanto para el aumento de la producción de alimentos como para los patrones de consumo nutricional.

ODS 6: Agua y saneamiento. El fácil acceso al agua potable y al saneamiento seguro son acciones clave sensibles a la nutrición, para prevenir el hambre por malabsorción debido a las enfermedades transmitidas por el agua. El riego a pequeña escala es fundamental para la producción y la resiliencia. Además, la productividad de las mujeres se ve perjudicada cuando deben pasar horas al día acarreando agua (Lancet, 2013).

ODS 7: Energía. Se necesita energía segura y sostenible para procesar y cocinar los alimentos y, al igual que agua, la búsqueda de leña limita las horas de productividad.

ODS 8: Economía rural próspera. Los sistemas alimentarios comunitarios requieren estrategias para conectarse con el mercado más amplio en el que las y los agricultores puedan comprar y vender sin ser explotados, a menudo a través de empresas cooperativas.

ODS 10: Reducción de las desigualdades: Las comunidades rurales de los países de bajos ingresos carecen de una parte justa de los recursos públicos en comparación con los centros urbanos.

ODS 11: Comunidades sostenibles: Las comunidades rurales necesitan información, habilidades y recursos para la reducción de riesgos y la preparación ante desastres.

ODS 12: La vida en la tierra: Las y los pequeños agricultores deben ser capaces de mejorar y proteger sus suelos, sostener las arboledas, seguir prácticas agroecológicas y regenerativas y proteger el aire limpio con estufas mejoradas.

ODS 16: Buena gobernanza: Para coordinar e impulsar el progreso en todos estos frentes, las comunidades rurales deben contar con una gobernanza local competente y adecuadamente financiada. Las mujeres deben tener acceso a la justicia cuando se violan sus derechos, como por ejemplo, cuando hay una falta de seguridad pública. Esto incluye a la sociedad civil local, a través de la cual puede ejercer sus aspiraciones colectivas y pedir cuentas al gobierno y la administración locales.

Dinámica del poder comunitario: Acción por la igualdad de género

Los sistemas alimentarios comunitarios están muy limitados por normas de género injustas. Los estudios han demostrado que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los insumos agrícolas que los hombres, se podría reducir el número de personas hambrientas en 150 millones (SOFI 2016). El informe USAID/IFPRI Índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura destaca cinco ámbitos de la participación de las mujeres en agricultura (IFPRI, 2012) que se muestran a continuación. A lo largo de estas dimensiones, hay numerosos ejemplos de intervenciones dirigidas por la comunidad que reducen significativamente la discriminación de género.

1. El liderazgo de las comunidades: El desarrollo dirigido por la comunidad es un proceso facilitado. Comienza por exigir la participación igualitaria de mujeres y hombres, y por crear colectivos de mujeres (donde no existan) que puedan establecer demandas unificadas de las mujeres en la comunidad y seleccionarlas democráticamente para las funciones de la comunidad en las que se requiere un liderazgo igualitario y necesario.

2. Pobreza de tiempo: Las mujeres rurales suelen trabajar el doble de horas que los hombres, debido a los roles de género establecidos desde hace tiempo. Las comunidades con liderazgo femenino son testigos de cambios hacia una mayor equidad en las responsabilidades. Mientras tanto, la atención centrada en reducir las tareas domésticas mediante la mejora de la tecnología adecuada, puede reducir rápida y drásticamente la pobreza de tiempo de las mujeres, al igual que la ubicación de todos los servicios públicos para reducir el tiempo de desplazamiento.

3. Acceso a los recursos productivos y poder de decisión sobre ellos: Las cajas de ahorro y préstamos de las aldeas (VSL, por sus siglas en inglés) y las cooperativas dirigidas por mujeres pueden aumentar rápidamente el acceso de las mujeres a servicios financieros, insumos agrícolas, servicios de extensión agrícola y mercados.

4. Decisiones sobre la producción agrícola: Siguen existiendo diversas barreras para el éxito de las mujeres en la producción de mayor valor, y han sido bien estudiadas por Quisumbing et al (IFPRI, 2015), quienes muestran cómo las medidas de adaptación en los proyectos con perspectiva de género pueden fomentar resultados equitativos de género.

5. Control sobre el uso de los ingresos: El análisis de los datos de las encuestas realizado por Njuki, Doss y Boote muestra que las mujeres de mayor edad, con más educación y más control sobre los recursos tienen más probabilidades de controlar los ingresos. Cuando lo hacen, refuerzan su agencia, mejoran el bienestar de sus familias y aumentan su participación en el sector agrícola y la inversión (IFPRI, 2019).

“Relación correcta” con los mercados nacionales y mundiales

El principio de subsidiariedad nos anima a identificar qué cosas se manejan mejor a qué nivel para construir sistemas alimentarios más humanos, justos y resistentes. Es evidente que hay ventajas incluso para las comunidades más pequeñas al tener vínculos con los niveles más grandes del sistema alimentario, siempre y cuando esos vínculos no perjudiquen su propio sistema alimentario y su capacidad de recuperación.

Diez acciones para #CambiarElPoder hacia sistemas alimentarios liderados por las comunidades

Los incentivos para mantener los sistemas de arriba hacia abajo son fuertes.

Sin embargo, hay muchas medidas estratégicas que las comunidades y sus defensores pueden tomar para #CambiarElPoder hacia sistemas alimentarios más fuertes y resistentes, dirigidos por la comunidad.

1. Invertir masivamente en la promoción de alimentos locales altamente nutritivos. Como se destaca en el informe SOFI 2020, los incentivos en la agricultura deben cambiar para que los alimentos ricos en nutrición sean más asequibles. Una forma segura de hacerlo es promover los alimentos ricos en nutrientes cultivados localmente. La biofortificación permite que esto sea “local” en lugar de la fortificación de procesos común en sistemas alimentarios industriales. Ejemplos inspiradores son la forma en que las comunidades indígenas de Perú han recuperado alimentos tradicionales nutritivos que no sólo nutren el cuerpo, sino que reclaman una mayor dignidad.

2. Hacer hincapié y promover soluciones locales integradas. Todo el concepto de “localización” ha ganado cada vez más fuerza, ya sea en relación con la Cobertura Sanitaria Universal, la respuesta humanitaria u otros sectores. Todos ellos comparten la necesidad de superar el statu quo de arriba a abajo, haciendo hincapié en los imperativos de la propiedad comunitaria, la resiliencia y la naturaleza multisectorial de la nutrición y la salud.

3. Mandatar la igualdad de género en todos los programas y gobernanza. Cuando las mujeres lideran las comunidades mejoran, y es en las comunidades donde la mayoría de las mujeres pueden ganar liderazgo y experiencia política.

4. Hacer campaña para transferir una “parte justa” de los recursos públicos -al menos un 20%- al nivel a niveles subnacionales. Las comunidades no pueden desarrollar sistemas alimentarios resistentes -incluyendo de procesamiento y almacenamiento- sin financiamiento. Asumir que las comunidades que experimentan más pobreza generarán los ingresos fiscales que necesitan, es improbable e injusto. La sociedad civil y los gobiernos pueden hacer campaña a favor de una mayor descentralización. Algunos de los argumentos más sólidos han sido:

a) reducir la violencia política al garantizar que cada grupo tenga una vía para alcanzar sus aspiraciones.

b) resiliencia a través de la capacidad y la producción descentralizadas.

c) el crecimiento económico de base amplia. La Unión Africana ha declarado avanzar en esta dirección, aunque se ha avanzado poco hasta la fecha (UA 2014).

5. Ubicar conjuntamente los servicios públicos. Los centros de salud, por ejemplo, pueden convertirse en el “ancla” de los servicios públicos rurales integrados, como la atención infantil, la educación de adultos, la gobernanza local, la formación agrícola, el procesamiento y almacenamiento de alimentos y otros componentes esenciales de los sistemas alimentarios dirigidos por la comunidad.

6. Aprendizaje entre iguales. Las comunidades pueden aprender mejor y más rápido visitando y aprendiendo de comunidades exitosas.

7. Invertir en la sociedad civil de base. Todos las personas profesionales del desarrollo (donantes, ONG, asociaciones) deberían centrarse siempre en el desarrollo de la capacidad local, más que en la prestación de servicios. Un reciente informe de CARE señala, por ejemplo, que de toda la Asistencia Oficial al Desarrollo destinada a género, menos del 1% se destina a organizaciones de base. Aumentar drásticamente el ritmo de las inversiones en sistemas alimentarios puede tener un enorme impacto en el sector que produce la mayor parte de los alimentos del mundo.

8. Aprovechar lo digital. Casi todos los gobiernos y empresas pueden ver la ventaja de garantizar que todo el mundo tenga acceso a Internet y a la banca móvil. Economistas han demostrado que el crecimiento económico está vinculado al ancho de banda. (Friedman, 2005). Por ejemplo, una vía rentable para conseguir redes de seguridad que no dejen a nadie atrás es que todo el mundo tenga de la banca móvil, y muchas organizaciones están utilizando los teléfonos móviles para potenciar la extensión agrícola.

9. Reforzar la responsabilidad social y la transparencia en los sectores público y privado. La confianza en las instituciones es una cuestión importante. La gente tiende a confiar más en las instituciones locales que en las nacionales, y esa confianza depende en gran medida de la satisfacción con los servicios públicos. Los asesores de las empresas, como el informe global Edelman Trust Barometer animan a las instituciones a centrarse en mejorar las condiciones de las comunidades locales. (Edelman 2020).

10. Mejorar los vínculos con los distritos. La brecha entre los recursos del distrito y las y los pequeños agricultores es un área en la que tanto las personas de base como los líderazgos de la comunidad pueden lograr mejoras rápidas y sostenibles, ya que las instituciones del gobierno local tienen una larga vida.

Texto original publicado en The Movement for Community-led Development. Traducción por The Hunger Project México.

Referencias:

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Ban Ki-moon (2011) The Clock is Ticking. The Clock Is Ticking. https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2011-10-31/clock-ticking

Ban Ki-moon (2015) Remarks at the Third World Forum on Local Economic Development

FAO (2019) Overview: Reduce Rural Poverty http://www.fao.org/reduce-rural-poverty/overview/en/

Friedman, T.J. (2005) The World is Flat. Farrar, Strauss.

FSG (2018) Kania, J., Kramer, M., Senge, P.. The Water of Systems Change. https://www.fsg.org/publications/water_of_systems_change

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IFPRI (2012) Womenś Empowerment in Agriculture Index (WEAI). https://www.ifpri.org/project/weai

IFPRI (2015) Quisumbing, A.R. et al. Gender, assets, and market-oriented agriculture: learning from high-value crop and livestock projects in Africa and Asia. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10460-015-9587-x

IFPRI (2019) J. Njuki, C.R. Doss, S. Boote. Women’s control over income: Implications for women’s empowerment and the agricultural sector. Chapter in RESAKSS Annual Trends and Outlook Report. https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133462/filename/133683.pdf

The Lancet (2008) Maternal and Child Undernutrition. https://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition

The Lancet (2013) Ruel, M.T., Alderman, H. Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0

Pope Pius Xi (1931) Quadragesimo Anno. http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quad ragesimo-anno.html

Steiner, C.S. (2013). Resilience and Decentralization. http://www.carlsterner.com/research/2009_resilience_and_decentralization.shtml

THP (2019) https://thp.org/wp-content/uploads/Epicenter-Strategy-4-pager_v7_2019.pdf

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UN (2015a) Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

UN (2015b) Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, July 13-18, 2015, Addis Ababa.

UNSCN (2019) Coonrod, J., Sow, L., Wilson, S. Transforming food environments through community-led action. https://www.unscn.org/en/resource-center/Unscn-news?idnews=1976

USAID (2021) Local Works. https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/local-works

World Bank (2021) Community-Driven Development. https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment

Necesitamos sistemas alimentarios más saludables.

Por Tim Prewitt, Director General de The Hunger Project.

Este año, el mundo se está uniendo para trazar un camino hacia un sistema alimentario más sostenible y equitativo, un sistema que pueda satisfacer las demandas de nuestra creciente población y que sea resistente a las perturbaciones medioambientales.

Habiendo pasado mi carrera trabajando en sistemas alimentarios, puedo decir fácilmente que nunca antes habíamos visto un despliegue tan grande de compromiso global sobre este importante tema. Normalmente, las conversaciones sobre la mejora de los sistemas alimentarios se centran en los complejos sistemas agrícolas comerciales, que llevan los productos de la granja a la mesa, a menudo a través de las fronteras. Casi seis mil millones de personas en todo el mundo se nutren de estos complejos sistemas alimentarios comerciales, dominados por las agroindustrias mundiales que son responsables de la producción de una enorme cantidad de alimentos para los habitantes de nuestro planeta.

¿Qué falta en esta conversación? La agricultura comunitaria. Especialmente las tendencias impulsadas en gran medida por los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores no son una nota a pie de página, sino la savia del sistema alimentario mundial.

Según el FIDA, hay unos 500 millones de pequeñas explotaciones agrícolas en todo el mundo. Estos agricultores producen alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en Asia y el África subsahariana y dan empleo a más de dos mil millones de personas. Si no nos ocupamos de los sistemas alimentarios que giran en torno a estas personas, estamos perdiendo una gran parte de la producción agrícola mundial y probablemente, diseñaremos sistemas alimentarios que sigan perpetuando el hambre.

En The Hunger Project (THP) trabajamos con las comunidades para crear sistemas sostenibles que aborden algunos de los principales problemas a los que se enfrentan los pequeños agricultores y sus clientes. Creo que estas soluciones pueden y deben ampliarse.

Un cambio importante en la pequeña agricultura ha sido la introducción de semillas híbridas. Éstas producen cultivos más resistentes al clima y tienen un mayor valor nutricional. Pero no producen semillas que puedan cosecharse y plantarse en la siguiente temporada. Esto obliga a los agricultores a comprar nuevas semillas cada temporada de siembra, lo que puede resultar prohibitivo. Según nuestra experiencia, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los pequeños agricultores es el acceso constante y asequible a los insumos. Por eso, mantener sistemas alimentarios sanos a nivel comunitario significa garantizar que los agricultores tengan acceso a préstamos para insumos agrícolas o a cooperativas empresariales que les permitan comprar semillas cada temporada.

También podemos crear formas de complementar las semillas híbridas. Una de las formas de hacerlo es reintroduciendo cultivos autóctonos y tradicionales. Los equipos del THP han trabajado con comunidades y agricultores para aumentar el uso de productos tradicionales en las dietas comunitarias.

En México, nuestros equipos trabajan con catalizadores comunitarios para reintroducir recetas tradicionales mazatecas que aprovechen los ingredientes frescos y locales. Esto reduce la cantidad de alimentos no autóctonos y procesados que hay que llevar a las comunidades.

En Benín, trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil para promover festivales de cultivos que celebren los productos locales y enseñen a la gente a plantarlos, utilizarlos y conservarlos.

Una vez que se producen y estabilizan los cultivos, el siguiente paso es fortalecer el mercado. Para ser eficaces y obtener unos ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, los pequeños agricultores necesitan tener acceso a la información sobre los precios justos del mercado para sus productos. Afortunadamente, cada vez hay más aplicaciones y servicios móviles que conectan a los agricultores con datos en tiempo real sobre los precios de las cosechas y las condiciones del mercado. En muchas comunidades, en THP hemos facilitado la acción local para construir y almacenar bancos de alimentos. En ellos, los agricultores almacenan los cultivos básicos después de la cosecha, cuando los precios son bajos, y los venden cuando los precios son más altos, además de hacer frente a la escasez anual justo antes de la cosecha.

Por último, es importante tener en cuenta que muchos países tienen esquemas de derechos (programas gubernamentales) y servicios que están a disposición de las comunidades. A menudo, estos servicios están sobrecargados o son difíciles de conseguir. Cuando las comunidades están bien organizadas, son capaces de exigir recursos, como servicios de extensión agraria o servicios veterinarios que suelen tener prioridad para las explotaciones más grandes e influyentes. Cuanto más comprometidas y organizadas estén las comunidades, mejores serán los resultados para los sistemas agrícolas.

Los líderes gubernamentales formados y comprometidos son fundamentales para el cambio. En la India, trabajamos con mujeres elegidas para servir en el panchayat (consejo del pueblo). Como parte de los programas de formación de THP, trabajamos con las mujeres para identificar los servicios que podrían beneficiar a sus electores y las apoyamos para que se desenvuelvan en la burocracia. Su trabajo y su capacidad para conseguir estos derechos, como subvenciones para semillas y otros insumos, es un importante refuerzo para el sistema alimentario local.

Mientras nos reunimos este verano y otoño para reimaginar el sistema alimentario mundial, es crucial que examinemos en profundidad los sistemas alimentarios a nivel local que afectan directamente a dos mil millones de personas en nuestro planeta. No hay soluciones mágicas. Pero es posible que trabajemos con los habitantes de las comunidades rurales de todo el mundo para construir sistemas más fuertes y resistentes que nos ayuden a alimentar nuestro planeta.

Texto original publicado por The Hunger Project México. Traducción de THP-México.

Prohibir la comida “chatarra”. Una respuesta a la emergencia de malnutrición infantil.

La comida chatarra es un término popular que hace referencia a un grupo de productos alimenticios como los ultraprocesados (PUP) y las bebidas azucaradas; que se caracterizan por un alto contenido calórico y su bajo valor nutricional (1).

Los PUP se definen como productos listos para el consumo que se componen de sustancias extraídas de los alimentos (aceites, grasas, azúcar y proteínas), derivados de constituyentes de los alimentos (grasas hidrogenadas, almidones modificados) o sintetizados de materiales orgánicos como aromatizantes, potenciadores del sabor y otros aditivos utilizados para alterar las propiedades sensoriales. Algunos ejemplos de PUP son: bebidas azucaradas, alimentos listos para consumir o ready-to-eat, frituras o botanas saladas o dulces empaquetadas (2).

En agosto de 2020, después de un año de discusión, el Congreso de Oaxaca aprobó reformar la Ley de Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado, agregándole el artículo 20 Bis para la eliminación de formas de malnutrición a través de la prohibición, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico (3).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que la obesidad infantil en México es una emergencia que requiere cambios inmediatos (4), este problema de malnutrición se ha duplicado de 7.5 % en 1996, a 15 % en 2016 (5).

La prevalencia de obesidad en México ha aumentado progresivamente en las últimas décadas, en particular, en todos los grupos de edad de la población femenina, dónde se ha observado aumento de manera sostenida en los últimos años (6).

En el estado de Oaxaca, la ENSANUT-2012 (7) reportó que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños y niñas en edad escolar fue de 27.5% y se han identificado focos rojos en obesidad infantil en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa y Tuxtepec (8).

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016.

Un estudio que analizó los factores que influyen en la obesidad de la población femenina de la Región del Istmo de Tehuantepec, encontró que el 36.9% de las mujeres ha sustituido la ingesta de agua natural por refrescos carbonatados industrializados (6) lo cual contribuye a la magnitud del problema de obesidad en esa región oaxaqueña.

Según UNICEF, México es el mayor consumidor de productos ultra procesados en América Latina, incluidas las bebidas azucaradas (9). Las tasas más altas de este consumo se encuentran entre las niñas y niños en edad preescolar, quienes consumen alrededor del 40% de sus calorías diarias de esta manera (4).

Los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas cada vez tienen porciones de mayor tamaño y a bajo costo; han sustituido a los alimentos frescos sometidos a una mínima elaboración y al agua en muchos entornos escolares y en las comidas en familia (1).

Los niños y niñas en general están muy expuestos a este tipo de productos. Desincentivar su consumo a través de su prohibición, es una medida acorde a las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS/OPS, la cual recalcan la importancia de regular el acceso a alimentos malsanos, cuya ingesta es el principal riesgo para la obesidad (1).

El precio de los alimentos mínimamente procesados y de alto valor nutricional como frutas y verduras, ha aumentado de manera sostenida, al punto de resultar, en promedio, más caros que los demás alimentos (10). Adicionalmente, recientemente han caído los precios de PUP y con mayor densidad energética; o bien su aumento de precio ha sido muy lento, especialmente en países con economías emergentes como México (10).

La diferencia de precios entre los productos mínimamente procesados, que suelen ser más nutritivos, versus los ultraprocesados, amplía las desigualdades, siendo cada vez más difícil el acceder a dietas más saludables (11). Esta situación lleva a que las familias de menores ingresos tiendan a adquirir productos de menor valor nutricional y con altos niveles de azúcares, grasas y sodio (12).

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. Tanto el sobrepeso como la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (13).

Se ha comprobado que cuando una persona desarrolla sobrepeso u obesidad en la infancia, existe una alta probabilidad de que continúe padeciendo este problema durante su vida adulta; entre más temprano sea el inicio de la malnutrición, mayor será el riesgo de comorbilidades y con ello el mayor riesgo de cronicidad (14).

Impacto económico del sobrepeso y la obesidad

La prevalencia de obesidad y sus comorbilidades asociadas son un serio problema de salud pública en México, no solo porque afecta la calidad de vida sino también porque involucra importantes gastos económicos.

Hace diez años, el costo directo e indirecto del sobrepeso y la obesidad fue de 67.345 millones de pesos mexicanos (15). La Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en 2017 fue de 240 mil millones de pesos y seguirá aumentando hasta alcanzar los 272 mil millones en 2023, un aumento de 13% en seis años (16).

El sobrepeso y la obesidad también afectan el desempeño económico de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que es el país donde el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas tendrán el impacto más grande en el PIB entre 2020 y 2050 (5). De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, las enfermedades relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años durante los próximos 30 años (5).

Ilustración 1. Impacto económico total del sobrepeso y obesidad para el caso mexicano (17)

Tomado de: Secretaria de Salud. Unidad de Análisis. Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en México. 2015.

De lograr una reducción calórica de 20% en los alimentos con alto contenido en azúcar, sal, calorías y grasas saturadas México podría prevenir 1.4 millones de enfermedades no transmisibles de aquí al año 2050, ahorrar 1.9 mil millones de pesos al año en costos en salud, y aumentar el empleo y la productividad en el equivalente a 71 mil trabajadores de tiempo completo por año (5).

La prohibición de comida chatarra y su articulación con otras medidas.

La obesidad se deriva de una conjunción de factores: la exposición a un entorno malsano, llamado entorno obesogénico y las respuestas conductuales y biológicas inadecuadas a ese entorno (18). Al hablar de entorno obesogénico se hace referencia a un ambiente que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo. Se tienen en cuenta los alimentos disponibles, asequibles, accesibles y promocionados así como las normas sociales en relación con la alimentación (18).

Si bien el país ha tomado medidas importantes para hacer frente al enorme reto que representa el sobrepeso y la obesidad, cómo la introducción de impuestos sobre bebidas azucaradas y el etiquetado frontal basado en advertencias, la magnitud del desafío requiere intensificar los esfuerzos (5).

De acuerdo a expertos de nutrición convocados por la OPS, los PUP podrían generar deseos incontrolados de consumo, puesto que activan mecanismos innatos del control del apetito e inhiben el deseo racional de dejar de comer (2); prohibir su comercialización a las infancias podría ayudar a reducir su ingesta general.

Implementar estrategias de alimentación y nutrición que desmotiven la compra e ingesta de alimentos poco saludables desde la infancia, como los PUP, promoverá la adopción de estilos saludables a lo largo de la vida pues se ha demostrado que las y los niños que aprenden hábitos saludables a una edad temprana son más propensos a mantener esos hábitos por el resto de su vida, comparado con intervenciones que se lleven a cabo en la adultez (19).

Sumar la prohibición de comida ‘chatarra’ a la población infantil a las políticas ya implementadas, favorecerá el combate a los entornos malsanos, contribuirá a la disminución del acceso a alimentos poco o nada nutritivos y a la construcción de normas sociales que promuevan hábitos más saludables.

Como medida complementaria, sería útil que existieran políticas que regulen la publicidad de los PUP pues se ha documentado que éstos presentan mayor publicidad en sus empaques en comparación a productos de menos nivel de procesamiento, y dichos productos presentan declaraciones de salud y nutrición que podrían confundir al consumidor (2).

La comercialización en las tiendas (marketing al por menor) también representa una amenaza importante para los niños y las niñas. Un estudio reciente en México muestra que estas técnicas en las tiendas se utilizan con el objetivo específico de atraer a los niños/as a los alimentos poco saludables, incluyendo, por ejemplo, la colocación de productos a la altura de los ojos de los niños/as, la proliferación de promociones con premios y el uso de personajes de películas y dibujos animados con licencia (20).

Ninguna medida que busque reducir la malnutrición, por sí sola, combatirá las crecientes cifras de malnutrición en niñas y niños; solamente adoptando un conjunto amplio e integrado de intervenciones que combatan el entorno obesogénico podrán lograrse progresos sostenidos en pro de un objetivo común: acabar con la obesidad infantil (18).

Referencias bibliográficas:

1. Organización Mundial para la Salud. ACABAR CON LA OBESIDAD INFANTIL INFORME DE LA COMISIÓN PARA. 2016.

2. Nieto-Orozco C, Chanin Sangochian A, Tamborrel Signoret N, Vidal González E, Tolentino-Mayo L, Vergara-Castañeda A. Percepción sobre el consumo de alimentos procesados y productos ultraprocesados en estudiantes de posgrado de la Ciudad de México. J Behav Heal Soc Issues. 2017;9(2):82–8.

3. Organo del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tomo CII. Decreto No.1609. Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de Juárez [Internet]. 2020 Sep 4;2. Available from: http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/files/2020/09/EXT-DEC1609-2020-09-04.pdf

4. Naciones Unidas. La obesidad infantil en México: una emergencia que requiere medidas inmediatas | Noticias ONU [Internet]. 2020 [cited 2020 Oct 15]. Available from: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821

5. OECD. The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention, OECD Health Policy Studies [Internet]. 2019 [cited 2020 Sep 10]. Available from: https://doi.org/10.1787/67450d67-en.

6. Herrera B, Ruíz S, Zapién A, Sánchez G, Bernardino H. Factores de riesgo para obesidad en población femenina del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Acta Med Costarric. 2020;62:13–7.

7. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados por Entidad Federativa: Oaxaca [Internet]. Cuernavaca; 2013 [cited 2020 Oct 16]. Available from: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/doctos/informes/Oaxaca-OCT.pdf

8. Cruz-Echevarría J, Martínez-Sánchez M, Neri-Caballero E. Impacto de la aplicación del programa EDUSANU-Latinoamérica en sobrepeso y obesidad en alumnos de una Escuela Primaria del Estado de Oaxaca. J Vis Lang Comput [Internet]. 2018;5(2):10. Available from: http://www.salud.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/Acs182-01i.pdfhttps://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej’s_Funeral.pdf

9. Braverman-Bronstein A, Camacho-García-Formentí D, Zepeda-Tello R, Cudhea F, Singh GM, Mozaffarian D, et al. Mortality attributable to sugar sweetened beverages consumption in Mexico: an update. Int J Obes [Internet]. 2020;44(6):1341–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41366-019-0506-x

10. Wiggins S, Keats S, Han E, Shimokawa S, Alberto J, Hernández V, et al. The Rising Cost of a Healthy Diet. 2015;(May):1–64. Available from: http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9580.pdf

11. FAO, OPS W. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019. Santiago; 2019. 135 p.

12. FAO, OPS, WFP, UNICEF. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en américa latina y el caribe, desigualdad y sistemas alimentarios. Panor la Segur Aliment y Nutr en América Lat y El Caribe [Internet]. 2018;133. Available from: http://www.fao.org/3/CA2127ES/ca2127es.pdf

13. OMS. Obesidad. WHO [Internet]. 2016 [cited 2020 Oct 15]; Available from: http://www.who.int/topics/obesity/es/

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16. Meza R, Cuevas N. Propuestas para una política integral: Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en México. Gac Salud [Internet]. 2018;231(3):1–8. Available from: http://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/05/candidatos-2018-propuesta-politica-publica.pdf

17. Secretaria de Salud. Unidad de Análisis. Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en México. 2015.

18. Chan C. Informe de la comisión para acabar con la obesidad infantil: Informe de la Directora General. Organ Mund la Salud [Internet]. 2016;1:1–42. Available from: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_8-sp.pdf

19. Savoie-Roskos MR, Wengreen H, Durward C. Increasing Fruit and Vegetable Intake among Children and Youth through Gardening-Based Interventions: A Systematic Review. J Acad Nutr Diet [Internet]. 2017 Feb 1;117(2):240–50. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.10.014

20. UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2019. Niños, alimentos y nutrición. [Internet]. 2019. Available from: file:///C:/Users/ASUS/Documents/SKRIPSI YAN GEK/UNICEFF TERBARU.pdf

21. Nogueira-de-almeida CA, Del Ciampo LA, Ferraz IS, Del Ciampo IRL, Contini AA, Da V. Ued F. COVID-19 and obesity in childhood and adolescence: a clinical review. J Pediatr (Rio J). 2020;96(January):546–58.

¿Cuál es el impacto del desarrollo liderado por las comunidades?

Actualización Diciembre, 2020.

El Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género (DLC-PG) es una estrategia de colaboración, multisectorial y centrada en el ser humano, para lograr visiones y metas creadas localmente. Como enfoque de desarrollo, se centra en el cambio sistémico para fomentar la estabilidad, la resiliencia, la prosperidad, la inclusión y la autosuficiencia de las comunidades. 

El Movimiento para el Desarrollo Dirigido por la Comunidad (el Movimiento), que incluye un capítulo global y 12 capítulos nacionales, comprende 64 organizaciones no gubernamentales internacionales y más de 100 grupos locales de la sociedad civil, universidades, socios gubernamentales y otros partes interesadas. Además de otros objetivos, los miembros del Movimiento están comprometidos a producir una base de evidencia específicamente sobre el DLC-PG.

Propósito

Por medio de la síntesis de evidencia colaborativa, buscamos entender las prácticas actuales de DLC-PG y las complejas relaciones entre éste y sus varios resultados de desarrollo. Este esfuerzo expansivo engloba cerca de 325 evaluaciones de más de 50 países, y que fueron compartidas por 60 organizaciones.

El estudio busca responder:

  1. ¿Dónde ha funcionado el desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género y cómo?
  2. ¿Cuál es el impacto teorizado del DLC-PG en los resultados del desarrollo, incluida la autosuficiencia, la resiliencia, la equidad de género, la sostenibilidad y la participación ciudadana?
  3. ¿La actual falta de evidencia sobre el impacto del DLC-PG se debe a brechas relacionadas con su teoría del cambio, a su implementación, medición o una combinación de los tres?
  4. ¿Los marcos de evaluación actuales capturan el impacto multidimensional del DLC-PG? ¿Cuáles marcos adaptados/emergentes son los más congruentes con la complejidad de DLC-PG?

Estructura de la investigación

El Estudio

Esta investigación multi-fase es un estudio colaborativo de aprender haciendo. Más de 30 profesionales de Monitoreo, Evaluación, Investigación y Aprendizaje de 20 organizaciones están trabajando con la coordinación del estudio (de forma voluntaria) para crear herramientas que permitan comprender la práctica actual del DLC-PG, por medio de tres subgrupos: Alcance, Impacto y Evaluación.

Un consejo asesor global de personas académicas, profesionales y con expertise en metodología están guiando la investigación y asegurando su rigurosidad.

La siguiente fase de este estudio implicará una síntesis realista para desentrañar el “cómo” del DLC-PG. Esto nos permitirá entender cómo los diferentes elementos del contexto interactúan en la programación del DLC-PG para producir los impactos que son visibles, sean a propósito o no, positivos o negativos. 

Subgrupos.

Subgrupo de Alcance

El subgrupo de determinación del alcance ha identificado 12 características del DLC-PG, a partir de  una revisión de la literatura junto con un proceso iterativo de consulta, discusión y debate. Estas características se han utilizado para crear una herramienta de escaneo que ha permitido al grupo crear un panorama de la práctica actual del DLC-PG, con base en más de 300 informes de evaluación de más de 50 países.

Esta herramienta también permitirá a las organizaciones comprender dónde se encuentran sus programas en su viaje hacia el DLC-PG  y qué más se puede hacer para fortalecerlos. La versión beta de esta herramienta ya está disponible para recibir comentarios.

Subgrupo de impacto

Basado en las teorías de cambio de diferentes programas y una encuesta a socios del Movimiento, el subgrupo de impacto ha tabulado los impactos previstos y no deseados del DLC-PG, a través de la perspectiva de sostenibilidad. Actualmente está trabajando en una representación visual de este impacto para ilustrar la naturaleza no lineal ni monótona de los resultados del DLC-PG, su

interdependencia, así como su constante interacción con el contexto.

Subgrupo de evaluación

El Subgrupo de Evaluación asegura el rigor de la metodología del estudio. Después de una encuesta sobre varias herramientas e instrumentos disponibles, ha simplificado y adaptado una herramienta de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), enfocada en la calidad de las evaluaciones de programas en el sector educativo.

Esta herramienta de evaluación de la calidad consta de dos tipos de preguntas, una que trata sobre la calidad general de la evaluación (métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos) y el otro, que mira específicamente a las características de la evaluación para un programa DLC-PG. Esta herramienta se está aplicando actualmente a los más de 300 informes de evaluación que se enviaron para este estudio y se utilizará para determinar una muestra robusta y metodológicamente rigurosa para la inmersión profunda. De cara al futuro, el Subgrupo de Evaluación examinará las diversas metodologías de evaluación que se utilizan actualmente y buscará adaptarlas a la complejidad del DLC-PG.

Sobre la Investigación Global Colaborativa

La investigación global colaborativa es una iniciativa con fases multianuales que impulsará un mejor entendimiento de la implementación e impacto del DLC-PG en los hogares, en las poblaciones y a nivel sistémico, en diversos contextos. Esto nos llevará a una co-creación de marcos de evaluación, revisada por pares, que capturen el impacto contributivo del DLC-PG. En la primera fase de esta investigación, estamos trazando la práctica actual del DLC-PG, por medio de una revisión de los más de 300 programas que se han autoidentificado como desarrollo liderado por las comunidades. Esto generará una amplia comprensión de la naturaleza de la programación del DLC-PG y su impacto, lo que proporciona información valiosa para el diseño de programas a través de una serie de herramientas y directrices que estarán disponibles en abril de 2020.

En la Fase 2 de la investigación colaborativa, pasaremos de la pregunta “qué funciona” a la de “cómo funciona”, descomponiendo los mecanismos causales que permitan crear una comprensión de cómo el contexto influye en la naturaleza y el impacto del DLC-PG. Al mismo tiempo, desarrollaremos herramientas participativas que sean congruentes con la complejidad del DLC-PG y nos permitirá capturar su impacto en resultados como la participación ciudadana y la resiliencia.

Únete

Para unirte a este esfuerzo de investigación global colaborativo, o para mayor información sobre el estudio, las herramientas que se han desarrollado y las próximas fases de la investigación, escribe a gunjan.veda@thp.org.

Acerca del Movimiento

En 2015, un grupo de organizaciones no gubernamentales internacionales, lideradas por The Hunger Project México, se unieron para crear el Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género. Desde ese momento, este grupo ha trabajado incansablemente para asegurar que las comunidades se hagan cargo de su propio desarrollo. Adicionalmente a su trabajo global, el Movimiento ha lanzado capítulos nacionales en 12 países donde trabaja activamente con gobiernos para apoyar la redistribución del poder. Para más información, visita https://mcld.org/.

Texto original, disponible en el sitio del Movement for Community-led Development. Traducción de The Hunger Project México.

Etiquetado frontal de advertencia en México.*

  • Una colaboración entre Coalición ContraPESO, El Poder del Consumidor y The Hunger Project México.

La epidemia de sobrepeso y obesidad en México

En los últimos 30 años, el sobrepeso y la obesidad en México se han convertido en una epidemia que afecta aproximadamente a uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, y a siete de cada diez adultos. De manera específica, las cifras reportadas en la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revelan que el 35.6% de los niños y niñas entre cinco y once años y el 75.2% de los adultos ya tienen algún grado de sobrepeso u obesidad.

La evidencia científica ha sido consistente al señalar que el sobrepeso y la obesidad son causados principalmente por una alimentación inadecuada, es decir, una dieta en la que predominan productos ultraprocesados de muy pobre calidad nutrimental; bajos en fitoquímicos y nutrimentos esenciales como proteínas de alto valor biológico, fibra, grasas poliinsaturadas y una variedad de vitaminas y minerales, y por el contrario, aportan con facilidad un exceso de calorías provenientes de nutrimentos críticos como las grasas saturadas y trans y los azúcares añadidos, además del sodio. Sin duda, existen otros factores que contribuyen a detonar la obesidad a nivel poblacional, como el nivel de actividad física o la predisposición genética (por mencionar algunos), sin embargo, estos no han demostrado tener el mismo impacto que la alimentación, por lo que esta se considera como un factor determinante no sólo para el deterioro de la salud, sino para su conservación y mejora.

Es claro también que el sobrepeso y la obesidad impactan de manera negativa en quienes la padecen. En la actualidad, innumerables estados prueban un vínculo estrecho entre la calidad de la alimentación con el exceso de peso y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs) como la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y gestacional, e incluso con diferentes tipos de cáncer. Estas enfermedades se han posicionado rápidamente como las principales causas de mortalidad de la población mexicana en un fenómeno conocido como “transición epidemiológica”, es decir, un declive en las defunciones por enfermedades infecciosas combinado con un aumento de las ECNTs.

Este incremento de muertes por ECNTs y el crecimiento de nuevos casos de sobrepeso y obesidad desde la infancia, llevó a las autoridades sanitarias a emitir por primera vez en la historia del país, una Alerta de Emergencia Epidemiológica por la gravedad de los casos de obesidad y de diabetes en 2016. En esta, se detallaba que más de noventa mil mexicanos y mexicanas fallecían cada año a causa de estas enfermedades, cifra que actualmente, rebasa las cien mil muertes anuales.

A pesar del reconocimiento a las graves consecuencias de estas enfermedades, poco se ha hecho para combatirlas de manera adecuada, pues históricamente, ha existido un predominio narrativo sobre la obesidad y las ECNTs como el resultado de la falta de voluntad o educación de los individuos para enfrentarla, dejando de lado a la necesaria visión sistémica fundamental para combatir esta epidemia. A esta visión individualista de la problemática, se suman los poderosos intereses económicos de agrupaciones de la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas no alcohólicas (en su mayoría formado por grandes trasnacionales), que durante años, han frenado la adopción de políticas públicas para prevenir nuevos casos de esta enfermedad. Esta perspectiva es problemática, ya que ha permitido al estado mexicano, cierto grado de deslinde sobre la carga de la enfermedad y permite a la vez, que la responsabilidad de combatir y prevenir la obesidad y las ECNTs recaiga sobre los individuos, cuyas condiciones de vida y acceso a alimentos, información y servicios para la atención de la salud, son indudablemente desiguales.

Es claro que nuestra sociedad debe atacar a esta enfermedad desde diferentes frentes, pues su etiología resulta compleja y multifactorial. Esta tarea no es sencilla. Para enfrentarla con éxito, se deben tomar en consideración no sólo a los factores inmediatos (como la insuficiente explicación sobre un exceso en la ingesta calórica combinado con insuficiente gasto energético), sino también a todos los determinantes sociales y económicos de la salud, así como a la estructura de los sistemas alimentarios.

En este sentido, existen valiosas recomendaciones tanto a nivel nacional como internacional, emitidas por expertos y expertas libres de conflictos de interés, que trazan una ruta de inicio razonable para abordar este problema desde el ámbito público. Estas incluyen, por ejemplo; el establecimiento de impuestos especiales sobre productos malsanos y el uso de los recursos recaudados para el financiamiento de servicios de salud, infraestructura para el acceso al agua o subsidios en alimentos saludables, la regulación sobre la publicidad de productos no saludables dirigida a los niños y niñas, la protección y promoción de la lactancia materna exclusiva, el fomento a los medios de transporte activos y comunidades caminables, la creación de cooperativas escolares saludables y la promoción y apoyo a los ingredientes locales, el fortalecimiento de las cadenas cortas de producción de alimentos naturales y la implementación de sistemas claros y sencillos de etiquetados de alimentos y bebidas para garantizar el derecho de acceso a la información sobre lo que se consume. Sobre este último punto, las OSC y las autoridades de salud en México, han dado un importante paso, cuyo proceso se detallará en el presente documento.

Los etiquetados de alimentos y bebidas son de gran importancia, ya que representan el único elemento que presenta información dirigida a los consumidores en el punto de venta. En México, el Comité de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal de alimentos y bebidas para una mejor salud, concluyeron en una postura publicada en 2018 que los etiquetados GDA vigentes (modelo de Guías Diarias de Alimentación) son de difícil interpretación para el grueso de la población en el país, ya que para conocer si un producto contenía niveles altos de algún nutrimento crítico para la salud, son requeridos una serie de cálculos matemáticos, mismos que implican la disposición de tiempo, así como conocimientos especializados en nutrición y un mayor esfuerzo en el momento de la decisión de compra. El Comité señala que es poco probable que el consumidor promedio realice una serie de operaciones matemáticas de manera consistente para cada uno de los productos que compra, y recomienda la adopción de un sistema de advertencias sencillo, claro y de rápida interpretación, como el utilizado con buenos resultados en países como Chile y Perú. Además, destaca que los etiquetados GDA iniciaron como una propuesta autorregulatoria de las propias industrias de alimentos y bebidas que posteriormente se adoptó como una regulación de manera oficial a través de la NOM 051, misma en la que las posturas de la academia, los consumidores y las OSC, no fueron tomadas en consideración, por lo que resultaba fundamental un cambio en esta política de acceso a la información y protección de la salud, derechos básicos que era necesario proteger con un cambio en la legislación.

No cabe duda que la obesidad y el acceso a alimentos saludables para satisfacer en toda su complejidad el derecho humano a la alimentación, son algunos de los mayores retos que enfrenta la salud pública en México y en el mundo. La implementación de etiquetados claros en los empaques de alimentos y bebidas representa un importante logro para México. Este logro sin precedentes nos encamina hacia la adopción de una política integral para dar respuesta al problema, sin embargo nos obliga a recordar que se requiere de la conjugación de más esfuerzos y su sostenimiento a lo largo del tiempo para frenar con éxito, esta epidemia.

Primera parada: la reforma a la Ley General
de Salud

  1. Cámara de Diputados

Desde el inicio de la LXIV Legislatura, las y los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, demostraron su compromiso con el combate y la prevención del sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles derivadas de estos. Para impulsar este compromiso, las OSC organizaron  diversos esfuerzos de divulgación de la evidencia científica como foros públicos en los que  se analizaron casos de éxito a nivel internacional, recomendaciones de organismos internacionales e investigaciones de la academia libre de intereses comerciales.

El primer esfuerzo colectivo se llevó a cabo en febrero de 2019 con el Foro “La obesidad en México: Una política sólida para combatir la epidemia”, en el que se lanzó la segunda edición del libro “La Obesidad en México”, editado por el Instituto Nacional de Salud Pública.  Entre las recomendaciones académicas que se discutieron, la totalidad de las y los participantes de la academia, la sociedad civil organizada y la comisión de salud coincidieron en la necesidad de modificar el etiquetado GDA vigente debido a la evidencia sólida sobre las dificultadas para su adecuada interpretación entre la mayor parte de la población mexicana, y la necesidad de contar con información clara para la toma informada de decisiones sobre alimentación, factor clave para el desarrollo de estas enfermedades. Entre los acuerdos de dicho foro abierto, se concluyó que la Comisión de Salud, presidida por la Dip. Miroslava Sánchez Galván (MORENA), trabajaría para proponer y aprobar una propuesta de etiquetados frontales de advertencia, que cumplieran con la función básica de informar de manera rápida, sencilla y veraz a las y los consumidores.

En marzo de 2019, la Diputada Carmen Medel Palma (MORENA) junto con las OSC representadas por la Coalición Contra PESO y la Alianza por la Salud Alimentaria, presentó formalmente una iniciativa en la cual se proponían modificaciones en la ya existente Ley General de Salud. Dichas propuestas de modificación incluían la adopción de un etiquetado frontal de advertencia que cumpliera con las características anteriormente presentadas por la academia y las agencias internacionales (como la Organización Panamericana de la Salud).

Posteriormente, diversos integrantes de la Comisión de Salud sumaron esfuerzos presentando iniciativas similares desde diferentes grupos parlamentarios (MORENA, PES, PRI y Movimiento Ciudadano), por lo que durante los meses de mayo y junio de 2019, se realizaron mesas de dictaminación convocadas por el presidente de la Subcomisión 2, el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, de las que se presentó una versión integrada de todas las iniciativas que participaron en el dictamen. Es importante resaltar que el dictamen final contó con opiniones favorables de las Secretarías de Salud y Economía.

El 27 de junio de 2019, se convocó a la reunión ordinaria de la Comisión de Salud con el objetivo de aprobar el dictamen, sin embargo, no se alcanzó el quórum suficiente para que se llevara a cabo dicha reunión. La razón principal por la que no se lograron las condiciones para votar el dictamen fue por una clara interferencia de los grupos de cabildeo de las industrias de alimentos y bebidas, quienes solicitaron a varios de los integrantes de la comisión, no asistir a la sesión.

El segundo intento de votación, se llevó a cabo el 24 de julio de 2019, en esta ocasión con resultados favorables y una importante presencia de organizaciones de la sociedad civil en el recinto. Del total de 35 legisladores y legisladoras, asistieron 26. En el conteo final, se obtuvieron votos 24 a favor del dictamen en sus términos y 2 abstenciones (PT y PAN).

Las propuestas puntuales del dictamen aprobado, incluyeron:

  • Señalar las bases del etiquetado frontal de advertencia: se indicó que debe ser de fácil comprensión, veraz, directo, sencillo y visible.
  • Se indicó que el etiquetado frontal de advertencia debe hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes.
  • Se indicó que la Secretaría de Salud podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas cuando lo considere necesario (art. 212)
  • Se añadieron las definiciones de etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas y de nutrimentos críticos (art. 215).

Tras la aprobación de la Comisión de Salud, se sumaron reacciones favorables y manifestaciones públicas de apoyo emitidas por entidades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), además de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF México y FAO México.

El 1º de octubre, el dictamen fue votado en el pleno de la Cámara de Diputados y aprobado con 458 votos a favor, 0 votos en contra y únicamente 2 abstenciones (de 460 legisladores presentes). De esta manera, la Cámara emisora avanzó por primera vez en un proyecto de modificación de la Ley General de Salud (LGS) en favor de los derechos de los consumidores y la salud alimentaria y este dictamen avanzó al Senado de la República.

  • Senado de la República:

El 15 de octubre, la Comisión de Salud, presidida por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA) aprobó la minuta de etiquetado frontal de advertencia. Durante la sesión se resaltó la importancia de contar con un sistema que resulte útil a los consumidores, sin embargo representantes de los grupos parlamentarios PAN y PRI se opusieron a la medida. Entre los argumentos en contra, se señalaron supuestas incongruencias con tratados comerciales como el TMEC; sin embargo, las Senadoras Lilia Margarita Valdez y  Jesusa Rodríguez (MORENA) señalaron que la minuta contaba con la opinión favorable de la Secretaría de Economía y finalmente fue aprobada por mayoría. El mismo día, la Comisión de Estudios Legislativos II aprobó sin modificaciones la misma minuta.

Finalmente, el 22 de octubre se aprobaron en el Pleno del Senado de la República, las reformas a la LGS en materia de etiquetado de alimentos, con un total de 115 votos a favor, con los grupos parlamentarios MORENA, Movimiento Ciudadano, PT, PRD y PES apoyando. No obstante, hubo dos reservas presentadas por las Senadoras del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Xóchitl Gálvez para modificar los artículos 210, 212 y 215, sin embargo fueron rechazadas y el dictamen se votó en sus términos sin modificación alguna. Durante las intervenciones en el pleno y al momento de la votación, también se hizo evidente el rechazo del PRI y el PVEM.  La aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto que modificaba diversas disposiciones de la LGS en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas fue enviado al Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019, cerrando así logro sin precedentes impulsado por las OSC y el poder Legislativo. La aprobación de estas modificaciones en la LGS permitió el avance de un modelo de etiquetado de advertencia durante los siguientes pasos en el ejecutivo con la armonización de regulaciones secundarias como la NOM 051.

El proceso de modificación de la NOM-051

Para concluir con el proceso de modificación del etiquetado en México fue necesario que además de la reforma a la Ley General de Salud (DOF 2019), se modificara la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en materia de etiquetado de alimentos y bebidas.

La última actualización a esta norma se realizó en el 2014, en donde se estableció de forma obligatoria un etiquetado frontal en los empaques de alimentos y bebidas denominados GDA. El etiquetado GDA fue retomado de la propuesta de la industria realizada en el 2010 para autorregular de forma voluntaria la información nutrimental en los empaques.

Sin embargo, al solicitar por medio de transparencia desde la sociedad civil la información sobre la conformación del grupo de trabajo para la modificación de la norma en el 2014, la COFEPRIS respondió que no se contó con un grupo de expertos en el proceso de modificación (El Poder del Consumidor, 2014). Esto reflejó una vez más la gran interferencia de la industria en la formulación de políticas públicas en materia de sobrepeso y obesidad en nuestros países.

Ante la necesidad de contar con un etiquetado de fácil comprensión y tras evaluar la falta de eficacia del actual GDA para informar de manera clara, se inició en agosto del 2019, un proceso de modificación a la última actualización de la NOM- 051. Para esta modificación, se conformó un grupo de trabajo con la participación de diversos sectores interesados entre ellos la industria de alimentos y bebidas, la academia, organismos internacionales, la sociedad civil e instituciones gubernamentales. Dicho proceso fue conducido por la Dirección General de Normas, a cargo de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Salud, mediante la COFEPRIS.

El proyecto de modificación que resultó después de varias sesiones realizadas por el grupo de trabajo, fue sometido a consulta pública durante 60 días (octubre a diciembre del 2019), en el cual se recibieron más de 5 mil comentarios al finalizar el periodo de consulta, siendo la norma que más comentarios ha recibido en la historia. Una vez analizados los comentarios, se concluyó el proceso con la contestación a los mismos y la posterior aprobación de la NOM-051, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020.

Durante el proceso de modificación, la sociedad civil tuvo una participación activa en las mesas de trabajo, las cuales reflejaron un proceso transparente y democrático, en donde se escucharon a todas las voces y se llegó a consensos y acuerdos con todas las partes interesadas, situación que no sucedió en la modificación del 2014 con la interferencia de la industria y la falta de participación tanto de la sociedad civil, como de organismos internacionales y académicos expertos en el tema. Con la aprobación de la modificación de esta norma, se detallaron los aspectos técnicos y las especificaciones que tendrá el nuevo etiquetado en México (DOF 2020), dando así un paso adelante en la formulación de las políticas públicas destinadas a enfrentar uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país; el sobrepeso y la obesidad.

Figura 1. Ejemplo de nuevo etiquetado.

Fuente: Alianza por la Salud Alimentaria

La materialización del etiquetado frontal de advertencia, de acuerdo con lo publicado en el DOF, se hará de manera gradual. El primer paso será el 1 de octubre de 2020, cuando los primeros sellos y leyendas, deberán comenzar a aparecer en productos; para el 1 de abrirl del 2021, entrarán en vigor lo establecido en relación a las declaraciones nutrimentales, lista de ingredientes, etiquetado nutrimental.

Se han establecido 3 fases de aplicación entre 2020 y 2025, que faciliten la adopción de los sellos, haciendo cada más estricta su aplicación en productos ultraprocesados, a partir de la definición de porcentajes de nutrientes críticos.

En el contexto nutrimental en México, la materialización del etiquetado frontal de advertencia es crítico, como una estrategia que permita atacar de manera directa la epidemia de sobrepeso y obesidad.

Ciudadanías Activas. Una experiencia participativa de construcción de políticas públicas

La participación pública en la toma de decisiones es un derecho que tenemos todas las personas, grupos, pueblos y comunidades. Existe un marco internacional[1] y un entramado jurídico nacional, comenzando por la Constitución Política de México y la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que nos amparan en la exigencia de nuestro derecho, como personas y/o como organizaciones, a la participación en asuntos políticos. Detrás del proceso de modificación a la LGS y la NOM-051, los actores no gubernamentales (OSC, organismos internacionales, sector privado, academia, entre grupos otros) formaron parte de los procesos de toma de decisiones y la orientación de la política pública.

En este apartado queremos destacar el liderazgo que tomaron las OSC, quienes mediante el ejercicio de su ciudadanía activa, se asumieron como parte de las soluciones, en la mejora de sus condiciones y en la construcción colectiva de lo que ellas y ellos consideran valioso. Esta experiencia permite identificar lo positivo de la participación de diversos actores en la aprobación de modificaciones de la LGS, que enriquecen la NOM-051 y además, le dan legitimidad.

Durante este proceso, el acompañamiento, asesoría y cabildeo por parte de OSC, permitió contar con decisiones tomadas con base en evidencia científicas, sin conflicto de interés. En cada uno de los momentos, las alianzas y organizaciones que desde sociedad civil organizada lideraron el proceso, permitieron construir posturas coordinadas que fortalecieron la resistencia frente a la industria de alimentos y bebidas, quienes mostraron su abierta oposición al etiquetado frontal de advertencia.

Esta experiencia demuestra la relevancia de impulsar acciones coordinadas en sociedad civil, que permita escalar la postura, evitando que pueda ser cuestionada o deslegitimada. Los constantes ataques de la industria tuvieron un menor impacto, por la existencia de una masa crítica presente en los diferentes momentos del proceso, porque había una narrativa fuerte alrededor de la necesidad de estas modificaciones. Esto no quiere decir que no existan opiniones contrarias o críticas al etiquetado y al proceso emprendido, pero sí que se logró construir una postura relativamente común durante la negociación, que fortaleció el proceso y terminó con un resultado positivo para la salud pública en el país.

Por otro lado, la presión de la opinión pública fue evidente en los momentos de votación en el poder Legislativo, en donde con votaciones mayoritariamente positivas, se logró la aprobación del etiquetado frontal de advertencia. En el proceso de aprobación de la NOM-051 y su mecanismo de participación abierta en el que se recibieron más de cinco mil comentarios, permitió además tener debate amplio y plural, en el que las diversas posturas propuestas desde Academia y OSC, mostraran su base científica. Es también relevante señalar que esos comentarios incluyen aquellos enviados por la industria de alimentos y bebidas, quienes están en su derecho de participar, no así de intervenir en la definición de políticas, anteponiendo intereses privados por sobre el derecho a la salud, la información y la alimentación.

En el marco de la participación en todo este proceso, resaltamos la existencia de una coordinación entre coaliciones y colectivos de OSC, academia y ciudadanía que identificaron la necesidad de coordinarse y sumar su expertise para lograr la aprobación de las reformas a la LGS y la publicación de la NOM-051 en los términos en los que ocurrió. El liderazgo de la Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición Contra PESO, las OSC que forman ambos colectivos, el Instituto Nacional de Salud Pública, y un gran número de grupos y colectivos, son prueba de la coordinación y trabajo en conjunto que fue posible organizar.

Es importante señalar que en este caso se contó con un gran respaldo por parte del gobierno federal, quien ha manifestado su interés por transformar los sistemas alimentarios, para garantizar la autosuficiencia alimentaria en el país y mejorar la salud de la población; la voluntad política permitió darle celeridad al proceso. 

En términos de la construcción de políticas públicas, vemos esta experiencia como positiva. Cuando nos referimos a política pública, nos inclinamos por aquella cuya construcción se basa en la mirada y consideraciones de la población que se verá afectada. El etiquetado frontal de advertencia es una experiencia que permitió hacerlo, pues la ciudadanía buscó defender el derecho que tenemos todas las personas a la alimentación, a la salud y a la información. Al respecto, señalamos la necesidad de transitar hacia “una gobernanza democrática que permita desarrollar instituciones y procesos con mayor capacidad de respuesta a las necesidades” de la ciudadanía (PNUD, 2009). Es indispensable trabajar desde y para la construcción de la interlocución, el acercamiento y la cooperación entre la ciudadanía y gobierno, aceptando que la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben aplicarse simétricamente, de ambos lados. Para que la participación ciudadana sea libre, significativa, auténtica, activa y efectiva; requiere oportunidades reales en las decisiones y no debe limitarse al simple intercambio de información y a consultas superficiales (Human Rights Council, 2011: No. 68 y 69).

La participación sistemática es crucial en todas las fases del ciclo de planificación, desde el diagnóstico y la fijación de objetivos, pasando por la formulación de respuestas y la ejecución, hasta llegar al seguimiento y la evaluación. En este marco, consideramos que la participación ciudadana no se agota en lo electoral ni en lo representativo, sino que promueve la discusión de asuntos de interés público, el conflicto, la deliberación y el acuerdo. La participación ciudadana, entendida como una acción colectiva que posibilita una decisión sobre asuntos de interés público, fue clave para el proceso del etiquetado frontal de advertencia, en todos sus diferentes modelos, por lo que la vemos como un ejemplo a ser retomado, en la construcción e implementación de otras políticas.


[1] Art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación No. 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos

BIBLIOGRAFÍA